Vivienda en España: el alquiler supera el 35% de los ingresos y la compra el 23%

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El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un desafío creciente. Según los últimos datos, el esfuerzo económico necesario para alquilar una vivienda supera ya el 35% de los ingresos familiares, mientras que la compra de una vivienda exige un 23%. Ambas cifras están por encima de las recomendaciones internacionales, lo que refleja una situación de tensión en el mercado inmobiliario que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos.

El esfuerzo económico para alquilar y comprar vivienda

El alquiler, cada vez menos asequible

Alquilar una vivienda en España se ha vuelto una tarea cada vez más complicada. El precio medio del alquiler ha subido de forma sostenida en los últimos años, empujando a las familias a destinar más del 35% de sus ingresos mensuales a esta partida.

 

Ciudades donde el alquiler supera ampliamente el umbral recomendado:

  • Barcelona: 46% de los ingresos.

 

  • Palma de Mallorca: 41%.

 

  • Málaga: 40%.

 

  • Madrid: 36%.

 

  • Valencia: 34%.

 

Esto supone un esfuerzo superior al 30% recomendado por el Banco de España y organismos como la ONU. El impacto es especialmente duro para los jóvenes y las familias monoparentales, que tienen menos capacidad de ahorro.

Comprar también implica un sacrificio significativo

Aunque tradicionalmente se ha considerado que comprar es una opción más rentable a largo plazo que alquilar, el esfuerzo económico también es considerable. En la actualidad, adquirir una vivienda en propiedad supone destinar alrededor del 23% de los ingresos.

 

Ciudades con mayor esfuerzo para comprar:

  • Palma: 37%.

 

  • Pan Sebastián: 36%.

 

  • Madrid: 27%.

 

  • Málaga: 26%.

 

  • Barcelona: 25%.

 

El aumento de los tipos de interés, la inflación y la escasez de oferta han elevado las cuotas hipotecarias y encarecido la entrada a la propiedad.

Factores que explican el encarecimiento del acceso a la vivienda

Desequilibrio entre oferta y demanda

Uno de los principales motores de esta crisis de accesibilidad es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. La falta de promoción de viviendas públicas y el incremento de la demanda —sobre todo en zonas urbanas y costeras— han empujado los precios al alza.

 

Además, muchas viviendas se destinan al alquiler turístico, lo que reduce la oferta disponible para residentes locales.

Condiciones económicas adversas

  • Incremento de los tipos de interés, que encarece los préstamos hipotecarios.

 

  • Estancamiento salarial, que limita la capacidad de ahorro y endeudamiento.

 

  • Elevado coste de vida, que compite con el gasto destinado a vivienda.

Vulnerabilidad de ciertos grupos sociales

Los colectivos más afectados son los jóvenes (especialmente menores de 35 años), las familias numerosas y las personas con empleos precarios o inestables. El acceso a una vivienda digna se convierte en una meta inalcanzable para muchos, lo que alarga la emancipación o les obliga a compartir vivienda.

¿Qué soluciones se están proponiendo?

Fondos europeos para vivienda asequible

Varios alcaldes europeos, entre ellos el de Barcelona, han propuesto la creación de un fondo europeo para la vivienda. Este fondo movilizaría hasta 300.000 millones de euros anuales para promover la construcción de vivienda social y asequible en las principales ciudades del continente.

Políticas públicas y reformas nacionales

Algunas de las medidas urgentes que se están discutiendo en España incluyen:

 

  • Incentivar el desarrollo de viviendas protegidas y de alquiler asequible.

 

  • Regular el mercado del alquiler para limitar subidas abusivas.

 

  • Ofrecer ayudas directas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables.

 

  • Promover fórmulas como el alquiler con opción a compra.

El acceso a la vivienda en España atraviesa una crisis de asequibilidad. Con un esfuerzo económico que supera los límites recomendados tanto para alquilar como para comprar, se vuelve urgente implementar soluciones estructurales y sostenibles.

 

La vivienda es un derecho, y garantizarlo debe ser una prioridad tanto para las administraciones como para el sector privado.

 

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